Parece ser que en los próximos días los silos de las harineras Magro en San Blas, en Alacant, va a seguir el mismo destino que la inmensa mayoría de los bienes que forman parte del patrimonio industrial: la desaparición. Ni siquiera quedará convertido en un montón de cascotes, sino en un solar impoluto en el que ningún vestigio atestiguará que, una vez allí, hubo una importante fábrica cuyo espacio podría haberse salvado como testimonio del respeto a las anteriores generaciones de alicantinos y tal vez destinarse para otros usos. La fábrica de harinas de Salvador Magro formaba parte de un pequeño conjunto industrial que empezó a configurarse en el barrio de Benalúa durante la primera mitad del siglo XX. La fábrica original era de madera, pero durante la guerra civil se incendió y posteriormente, en 1951, se rehizo con cemento. De esta fecha datan los silos que el próximo lunes serán derribados.
Hoy, 27 de mayo, frente al mismo, se ha convocado “al acto de su funeral [a] aquellos que no quieran permanecer con los brazos cruzados ante su demolición”. La concentración de despedida tiene un valor simbólico, pues no impedirá que la piqueta acabe con él, pero no es poco. La mayoría de los bienes son destruidos sin que nadie organice velatorio alguno en su memoria.
En la argumentación para su derribo se dice que su conservación “obligaba a desviar las líneas ferroviarias para que no tocaran los depósitos harineros” y que ello encarecería notablemente el proyecto de llegada del AVE a la ciudad de Alicante, retasando además sine die su puesta en funcionamiento. Y de todos es sabido la perentoria necesidad de tal proyecto, pues al día siguiente Alacant dejará de tener paro, mejorará sus servicios y sus ciudadanos atarán los perros con longanizas. Nada ha de detener el ¿progreso?
Hace unos años, en mi pueblo, Muro, se desvió la autovía para respetar la ermita consagrada a san Antonio Abad, del siglo XVIII, resultado de la modificación de otra anterior, del siglo XIV, de la que apenas queda parte de su estructura. Ligeramente, pero se desvió. El edificio carece de interés arquitectónico y artístico, pero la ermita de Sant Antoni, como es conocida localmente, goza de una gran estima entre los mureros y tiene una gran carga simbólica. No tuvo el ayuntamiento, en cambio, empacho alguno a principios del presente siglo en desmontar toda la verja de sillares que rodeaba una fábrica de papel de 1919 y destinar estos a la construcción de una especie de castillo-palacio para las fiestas de Moros y Cristianos de la localidad, con el fin de que pareciese antiguo. La propuesta partió del propio arquitecto de la obra.
Ninguna protesta, ni siquiera crítica alguna, acompañó la decisión, lo que pone en evidencia el enorme desinterés social existente hacia los restos industriales. Socialmente éstos no se valoran apenas. La indiferencia hacia los restos industriales es algo común, la gente no siente el mismo respeto hacia unos bienes que le resultan demasiado cotidianos, que siempre han estado ahí y que, poco a poco, han ido perdiendo su función porque los procesos de producción han ido quedando obsoletos o porque los gustos de los consumidores han cambiado y la demanda es insuficiente para hacer viable su continuidad, unos bienes que han ido integrándose en un paisaje cada vez más urbanizado y que, de pronto, han adquirido un valor económico inusitado como solares.
La evidencia muestra que el patrimonio que goza de mayor protección es aquel que socialmente tiene mayor consideración. Si no, ¿cómo se explica que en Muro se desviara la autovía para preservar la ermita de Sant Antoni? Por intercesión del santo les aseguro que no fue, pero el pueblo sentía aquel espacio como algo suyo, lo apreciaba. Si algo no es apreciado difícilmente podrá salvarse. Un hijo, un familiar, un amigo que sufra una desgracia nos conmueve, pero todos los días desgracias peores suceden en el eufemísticamente llamado Tercer Mundo, pero no les suceden a los nuestros, y obviamente no podemos apreciarlos por igual.
El primer paso para conseguir que el patrimonio industrial sea valorado en su justa medida y, en consecuencia, protegido y conservado es, a nuestro juicio, el reconocimiento social de su significación e importancia. Como señala la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) en su Preámbulo, el valor del patrimonio “lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos. Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando”.
¿Cómo conseguir esa estima hacia el patrimonio industrial? La Administración es la responsable en materia de patrimonio, es quien lo gestiona, pero no es ella quien, de forma arbitraria, define qué es patrimonio, sino que las definiciones que aparecen al respecto tanto en la LPHE como en las demás leyes sobre patrimonio cultural, incluida la nuestra, se redactan en función de unos criterios ajenos a la propia Administración y que son el resultado de un largo proceso de investigación, reflexión y teorización sobre qué es patrimonio, que hay que conservar y cómo, de qué manera proteger y restaurar lo que se conserva, etc. ¿Puede alguien creer que el patrimonio arqueológico tendría la protección de que goza en el conjunto de la legislación sobre patrimonio si antes la arqueología no se hubiera desarrollado científicamente, se hubiera dotado de un adecuado aparato conceptual y desarrollado unas técnicas de trabajo precisas que han permitido, cada vez más y con más medios, obtener unos conocimientos sobre la vida en un pasado remoto?
El patrimonio industrial, en cambio, carece de esta base. A las universidades se la trae al pairo y a sus profesores aún más. Las cosas están bien como están, no hay que tocarlas. Ya hemos delimitado nuestras competencias: para los arqueólogos el estudio de las sociedades hasta la Edad Media, para los historiadores de aquí en adelante. No mareemos la perdiz, que a estas alturas empezar uno a reciclarse da mucha pereza. Para los primeros las fuentes de conocimiento arqueológicas, para los segundos las escritas. Los restos materiales, pues, de las épocas moderna y contemporánea para quien las quiera. Para los historiadores del arte, por ejemplo, o de la arquitectura. Y, así, si un edificio carece de interés arquitectónico o artístico, pues ¿para qué lo queremos? ¿Qué más da la historia depositada en él? No tiene importancia. Lo dicen los propios historiadores, con su práctica.
Falto, pues, del más mínimo respeto desde las instancias académicas y sin consideración social alguna, la pervivencia de los testimonios industriales de nuestro pasado más próximo es más bien una quimera. Existe ciertamente un buen grado de conciencia entre diversos profesionales o ciudadanos que, por las razones que sean, entienden que el pasado es algo más que los historiadores nos cuentan. Pero en absoluto hay una conciencia colectiva. Ese es el drama.
Así las cosas, cuando llega el momento ─como es el caso que nos ocupa─ de asistir a la desaparición física de lo que algunos consideramos un bien relevante de ese pasado industrial somos lógicamente incapaces de conseguir una movilización lo suficientemente amplia que haga retractarse a las lumbreras que tan claro tienen nuestro futuro. Entonces los políticos se posicionan. Pero, no nos engañemos, todas las formaciones políticas del ámbito parlamentario valenciano carecen de programa para el patrimonio industrial. Eso no da votos. Así, mientras Esquerra Unida en Alacant exige la paralización de la orden de derribo, fruto de un “vergonzoso acuerdo” entre el Consistorio y el Ministerio de Fomento, y pide su protección, la misma formación en Alcoi no ha hecho nada por impedir la ruina completa del que sin duda era uno de los patrimonios industriales más ricos de España. Nada.
Mientras el patrimonio industrial no sea valorado con unos criterios bien definidos y no se reduzca el término a las producciones fabriles o arquitectónicas más relevantes desde el punto de vista estético, admitiéndose al mismo tiempo que todos los restos materiales de la sociedad industrial-capitalista ciertamente no tienen por qué conservarse pero sí estudiarse, difícilmente se podrá preservar de una manera adecuada bienes que sean representativos de toda la cultura material del período. Es una tarea en la que necesariamente hay que implicar a muchas más instancias ─las académicas especialmente─, en la definición de qué es patrimonio industrial, qué hay que hacer con él, qué preservar y qué no. Han de adoptarse criterios uniformes para poder plantear una política clara a la Administración sobre él. Mientras, si no, tendremos que contentarnos con organizar más funerales en vez de celebrar fiestas por la recuperación de los bienes enfermos de desidia.
